Entre otros temas, la comisión abordó el posible papel de las diputaciones en la implantación de ciberseguridad en los concellos.
El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, participó esta mañana en Cáceres en la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Una reunión en la que, la propuesta de Manuel Baltar y con el respaldo de los integrantes de la comisión, acordó celebrar la próxima reunión de este órgano de la FEMP en Ourense, el próximo 6 de febrero de 2023. “En nuestra firme apuesta por el municipalismo, acoger esta reunión será un honor y un nuevo paso en la consolidación de Ourense como referente de los gobiernos intermedios en cuestiones trascendentales para el progreso territorial”, recalca Manuel Baltar, que valora la reunión que se celebrará en la provincia en febrero como “una nueva oportunidad para demostrar la importancia de la cooperación y el trabajo horizontal, piezas básicas de la hoja de ruta de este gobierno provincial.
En la reunión de la comisión celebrada en el Palacio Provincial de Cáceres se reivindicó la importancia de las diputaciones como administraciones intermedias apoyando, según valoró Manuel Baltar, la “capacidad de capitalizar los territorios”. Una cuestión clave en el actual contexto en cuestiones como “la intervención en la gestión de los fondos europeos en el marco comunitario 2021-2027, para que independientemente del municipio en el que se resida, todos los vecinos tengan acceso a estas ayudas para la recuperación de forma justa y equitativa”.
En la reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares se puso sobre la mesa como la escalada de los precios de las materias primas, los combustibles fósiles y la energía eléctrica están haciendo efecto en la obra pública. Se trata, en muchos casos, de proyectos que se contrataron entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021, y que se están viendo afectados en su ejecución por este fuerte incremento de los precios de los suministros. Tal y como se expuso en la reunión, “está detectándose que el mecanismo, en el caso del sector público local, no está resultando útil, por lo que pedimos que el Ejecutivo repiense el mecanismo para aclarar todas las dudas y problemas que está suscitando”.
Manuel Baltar y otros presidentes de gobiernos provinciales coincidieron esta mañana en recalcar que “se debería por lo menos, con carácter excepcional y extraordinario, eximir a las empresas que no puedan cumplir con el contrato inicial por el alza de los precios, de la prohibición de contratar con la administración ante la resolución culposa del contrato”. Asimismo, se solicitó en la reunión que se amplíe por el Ejecutivo el listado de materiales a tener en cuenta para calcular el umbral del 5% de incremento de los precios de un contrato para que sea posible la revisión extraordinaria del mismo. También se pidió que sean tenidos en cuenta los incrementos del precio de la energía en las fórmulas de cálculo. Además, en la comisión se trató la cuestión de la ciberseguridad con el apoyo de varios responsables del CNI -que explicaron la situación del Sistema Nacional de Seguridad-, analizándose el papel que las Diputaciones pueden jugar a la hora de implantarlo en los municipios de cada territorio, incluso aquellos que, por su tamaño, tienen más dificultades para hacerlo.
