En 9 meses de 2022, hubo un millar más de delitos que en todo 2021.
Los diputados del Partido Popular en el Congreso, Ana Vázquez y Celso Delgado, denunciaron hoy el “preocupante aumento” de los índices de criminalidad en la provincia de Ourense registrados entre los meses de enero y septiembre de 2022, en comparación con el mismo período del año anterior. En este tiempo, el registro de infracciones penitenciarias muestra un incremento del 17 %, con especial incidencia en los delitos contra la libertad sexual, robos con violencia y discusiones tumultuarias. Una “grave situación a la que se suma la inoportuna e inadecuada derogación parcial de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que desprotege a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y va a facilitar a la imposición en las calles de los delincuentes”, afirmó Ana Vázquez durante la comparecencia de esta mañana en la sede provincial del PP.
El análisis de los índices de criminalidad, explicó la diputada, permite comprobar como entre enero y septiembre de 2022 se registraron en la provincia de Ourense 7.190 delitos, “más de un millar con respeto al mismo período del año anterior (6.148). En este sentido rechazó las valoraciones que sitúan este aumento en el final de las restricciones de la pandemia en 2021: “En ese año hubo 1.872 delitos más que los inscritos en el ultimo trimestre del gobierno del PP en 2017”. Por su parte, Celso Delgado subrayó la preocupante incidencia en lo referido a los delitos contra la libertad sexual, que también en este punto coincide “con el desprecio a las víctimas y a las familias de los agresores y violadores, a consecuencia de una ley nefasta, la del Solo sí es sí, que facilitó en la provincia de Ourense diez rebajas de penas y dos excarcelaciones”. En este capítulo, los datos señalan que los delitos contra la libertad y indemnidad sexual aumentaron un 39 %, pasando de los 59 casos entre enero y septiembre de 2021 a 82 en el mismo intervalo de 2022; las agresiones sexuales con penetración subieron un 22,2 % (11 casos frente a 9); y el resto de delitos de estas características “subieron un más que preocupante 42 %, llegando hasta los 71 casos”, señaló Ana Vázquez. Las mayores subidas, apuntó, también se encuentran en los hurtos, que crecen un 53,7 % con 1.299 casos; los robos con violencia e intimidación con un 47,5 % más (90); las sustracciones de vehículos con un aumento del 39,4 % (46), “y las broncas tumultuarias, que se aproximan al 27 %, aunque más allá de los porcentajes lo preocupante es que el número de estos últimos casos llegue casi al centenar”, advirtió la diputada.
CORRELACIÓN CON LOS DATOS DE LA CIUDAD
Todos estos datos también tienen su correlación con los de la ciudad, donde los delitos contra libertad e indemnidad sexual subieron un 58,6 % (46); las agresiones sexuales con penetración un 33,3 % (8); y el resto de estos delitos un 65,2 % (38). Los hurtos crecieron un 63,7 % (804); los robos con violencia e intimidación un 56,8 % (69); y las broncas con delitos graves o menos graves de lesiones también se aproximan al 27 %, con 43 casos.
CONTRARREFORMA DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Mientras crecen los índices de criminalidad, denunció Ana Vázquez, “nada justifica que se impulse ahora una contrarreforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudad, que va a afectar negativamente a las condiciones de trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, en consecuencia, a la eficacia de su actuación”.
FALTA DE UNIDADES, AGENTES Y MEDIOS
“La gente paga impuestos y exige seguridad, pero en la provincia de Ourense ni tenemos las unidades necesarias y aprobadas, ni agentes suficientes y medios escasos”. En este sentido denunció que aún está sin crear la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (Usecic), aprobada en el Congreso en 2020, “que sitúa a Ourense, junto con Lugo, como las únicas dos provincias de España sin esta unidad”. Además, faltan 100 guardias civiles en la provincia y solo el 10 % de los cuarteles abren las 24 horas. En la Policía Nacional, que solo va a cubrir dos vacantes tras el anuncio realizado ayer por el Gobierno, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), creada en 2016, aun carece de material. Y de 500 agentes que deberían integrar la unidad adscrita de la Policía Autonómica, solo hay 363 plazas cubiertas.
