Se incrementaron tanto los lanzamientos practicados por falta de pago de alquileres (un 87 %) como por ejecuciones hipotecarias (un 68 %).
Los órganos judiciales gallegos registraron durante los tres primeros meses de este año 607 concursos, un 79 % más que en el mismo período de 2023. Este importante incremento se debe, principalmente, a los concursos presentados por personas naturales sin actividad empresarial, que crecieron un 88 % respecto al mismo período de 2023, pues se presentaron en Galicia 489, frente a los 260 del año anterior. Los de personas jurídicas -empresas- crecieron un 82,5 %, pues sumaron 73, mientras que los de personas naturales empresarias subieron un 15,4 %, ya que se presentaron 45.
El número total de concursos ingresados en el Estado fue de 13.148, lo que supuso un incremento del 41,1 %. Galicia, porcentualmente, es la tercera comunidad autónoma en la que más aumentaron, pues solo la superan Cantabria (un 88 % más) y Madrid (un 84,3 % más). En Galicia se presentaron 22,4 concursos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media estatal, que se situó en 27.
El 17 de agosto pasado entró en vigor la Ley Orgánica 7/2023, de 27 de julio , de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio , del Poder Judicial, en materia de Juzgados del Mercantil. Los concursos de personas naturales no empresarias, que venían conociendo por los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción pasaron a ser competencia de los juzgados del mercantil.
Lanzamientos
Los juzgados gallegos practicaron en el primer trimestre de este año 335 lanzamientos, un 85 % más que en 2023. De ellos, 277, el 82,6 %, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler, los cuales aumentaron un 87 %. Otros 47 correspondieron a ejecuciones hipotecarias -un 68 % más que en 2023- y, los 11 restantes, derivaron de otras causas. En Galicia, en el período estudiado, se practicaron, por cada 100.000 habitantes, 10,2 lanzamientos derivados de la LAU; y 1,7, de ejecuciones hipotecarias. En el conjunto del Estado, los lanzamientos practicados entre enero y marzo aumentaron un 12,8 % respeto a las mismas fechas de 2023, según se desprende del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, hecho público hoy por la Sección de Estadística del CGPJ.
Ejecuciones hipotecarias
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la comunidad en el primer trimestre del año aumentó un 18,6 % con respeto al mismo período de 223. En el período estudiado se presentaron 210 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por pieza o hipoteca al acreedor, frente a los 177 del año anterior.
Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas
El estudio también refleja que en el período estudiado los juzgados gallegos ingresaron 17 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, un 10,5 % menos que en las mismas fechas de 2023. Poniendo en relación el número de procedimientos ingresados con la población, en Galicia se registraron 0,6 por cada 100.000 habitantes.
Demandas por despido y reclamación de cantidad
En el primer trimestre de 2024, se registraron en los juzgados de lo Social 1.736 demandas por despido, cifras que muestran un incremento del 43 % respecto a las presentadas el año anterior. El número de demandas por reclamaciones de cantidad interpuestas en los juzgados de lo Social, 2.640, fue un 20,8 % superior a las inscritas en el mismo período de 2023.
ERE
Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), entre enero y marzo de 2024 se presentaron 6, frente a los 8 de las mismas fechas de 2023.
Monitorios
El estudio, además, muestra un aumento de los procedimientos monitorios presentados entre enero y marzo de 2023 en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción. En Galicia se interpusieron 12.942, frente a los 10.119 del año anterior, lo que supuso un incremento interanual del 27,9 %. Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.