El sector gallego de la piedra incrementó un 2% sus exportaciones el pasado año.

El director del Igape, Fernando Guldrís, mantuvo esta mañana una reunión con representantes del Clúster de la Pizarra de Galicia en el Centro Tecnolóxico da Pizarra, en Carballeda de Valdeorras, donde destacó que el sector gallego de la losa está demostrando su capacidad de adaptación y de resistencia en el actual contexto económico.
En ese sentido, el director del Igape puso en valor los resultados de las ventas en el exterior de la industria gallega de la piedra durante 2020 y recordó que, a pesar del contexto actual, las exportaciones gallegas de este sector se incrementaron en un 2% con respecto a 2019, superando los 345 millones de euros en ventas.
Destacó que es especialmente relevante la subida del mes de diciembre, que alcanzó un ascenso de cerca de los 30 puntos con respeto al mismo mes del año anterior.

Guldrís añadió que, en lo que respecta a la provincia de Ourense, el sector de la piedra y el agroalimentario son los dos campos productivos que rompieron con la tendencia a la baja de las ventas en el exterior durante el pasado año, alcanzando en el primer caso un incremento del 1,4% y un volumen total de exportación por valor de 205 millones de euros. Además, reconoció el trabajo que las empresas gallegas de la losa y la piedra en general vienen realizando desde hace años en la mejora de su competitividad, la implantación de la Industria 4.0, la transformación e innovación tecnológica y las mejoras medioambientales, y señaló que hace falta reforzar ese compromiso para afrontar los nuevos retos económicos y salir reforzados de la actual situación dinamizando la actividad económica. Segundo apuntó Guldrís, ese es el propósito de la Ley de reactivación económica de Galicia, que se acaba de aprobar en el Parlamento y que cuenta entre sus principales objetivos atraer nuevas iniciativas empresariales y facilitar las inversiones, avanzando en la simplificación administrativa a través de procedimientos de tramitación más ágiles que, a la vez, acerquen las máximas garantías jurídicas, urbanísticas y medioambientales. 

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