Lo hace por la valla anónima instalada en Marcelo Macías y por hacer campaña en plena jornada de reflexión.
Junta Electoral de Zona de Ourense, abrió sendos expedientes sancionadores contra el PSOE de Ourense y su secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino, por la valla publicitaria anónima instalado en la calle Marcelo Macías durante la campaña electoral, así como por la actividad de propaganda y campaña electoral desarrollada por Villarino en las redes sociales en plena jornada de reflexión de las elecciones autonómicas.
La Junta electoral de Ourense, en dos resoluciones con fecha de este pasado lunes, 3 de agosto, considera las referidas actuaciones como constitutivas de una posible infracción electoral del artículo 153 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ( LOREG), penadas con multa de entre 100 y 600 euros.
Estos dos expedientes, contra los que no cabe recurso, son consecuencia de las denuncias presentadas en su momento por el Partido Popular de Ourense.
El primero de los casos se refiere a la colocación de una valla publicitaria en la calle Marcelo Macía de la ciudad, donde en plena campaña electoral y utilizando recursos públicos el PSdeG-PSOE anunciaba de manera anónima –autoría confirmada después por un acta de la Xunta Electoral- a representantes de instituciones públicas de Ourense y Galicia elegidos democráticamente, como los presidentes de la Xunta de Galicia y de la Diputación provincial, así como el alcalde de Ourense. El segundo caso tiene como protagonista directo a Rodríguez Villarino, que el día 11 de julio, en plena jornada de reflexión de las elecciones autonómicas, publicó, según denunciaron los populares, una serie de mensajes en sus redes sociales –Facebook y Twitter- contra el candidato popular a la presidencia de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
No obstante, para el secretario general del PP ourensano, Rosendo Fernández, “este es un único caso, el caso de una figura, que no político, que desprecia la legalidad, que dice quien y de que pueden hablar los demás representantes institucionales, como hace nos plenos de la Diputación y del concello, y que ignora las resolución de otros organismos como la Abogacía del Estado.
