85,7 millones de euros, 6 más que en 2021.
De esos, 33, 6 millones irán para gastos de personal.
El Pleno de septiembre de la Diputación de Ourense celebrado este viernes aprobó, como viene sucediendo en los plenos de este mes de los últimos años, los presupuestos del ejercicio económico venidero, los de 2022 en este caso. Totalizan 85,7 millones de euros, lo que los convierte en los más altos de la historia de la institución provincial ourensana, y suponen un 7% de incremento con respecto a los anteriores con la incorporación de 6 millones de euros más. El Gobierno provincial reitera también este año que es la primera Administración pública del Estado español en disponer de presupuestos para el próximo ejercicio aprobados inicialmente.
Copia y pega también con respecto a los argumentos de la oposición a la hora de rechazarlos: para socialistas y nacionalistas no aportan nada nuevo sino un todo continuista, y ambos grupos volvieron a cuestionar tanto los criterios de cooperación con los concellos de la provincia como el reparto a estos según sean del PP o no. Aunque sí hubo un curioso baile del voto de dos diputados que puso en evidencia que no se vota tanto lo que se vota sino con quien se vota: Miguel Caride, que el año pasado votó que sí ahora votó que no, mientras Armando Ojea, que el año pasado votó que no, ahora votó que sí. Entonces Democracia Ourensana y PP no iban de la mano por estas fechas, y Miguel Caride se había convertido en el salvoconducto de la mayoría absoluta del PP en la Cámara provincial.
Personal seguirá llevándose dos quintas partes de la tarta presupuestaria, casi un 40%, 33,6 millones de euros que la Diputación se gastará en pagar nóminas en 2022. Otro 24% se asigna a bienes y servicios. Y para inversiones reales habrá un 12,40%, 10,6 millones de euros.
En líneas generales, los presupuestos de 2022 destinan 34,9 millones de euros para obra y servicios; 9,86 para cooperación con los concellos; 6,75 para acción social; casi 5 para cultura; millón y medio para educación; 2,6 millones para deportes; y otro millón y medio de euros para administración electrónica.
