Por sostener en precario la concesión de los autobuses urbanos
El Concello de Ourense tendrá que abonar 2,3 millones de euros a la concesionaria del transporte urbano en la ciudad, por la prestación de este servicio entre los años 2015 y 2018 con la concesión caducada. Corresponde a la reclamación efectuada por la concesionaria, para compensar el desfase de los costes por una concesión en precario que tuvo que realizar aún después de haber caducado, sin que el Concello la hubiera renovado adaptando los costes del servicio.
Era algo sabido que, por enésima vez y como ya es proceder acostumbrado en la Administración local, fue recurrido solo para demorar un abono que estaba cantado. De hecho, lo que el Concello ha tenido que abonar al Grupo Avanza, titular de la concesión caducada, han sido casi 5,6 millones de euros. Si ahora las arcas municipales solo tendrán que hacerse cargo del pago de 2.299.484 euros, es porque 3.282.887 ya se habían abonados. El recorrido de la vía judicial parece ahora haber concluido con el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El actual Gobierno municipal recuerda que el litigio proviene de 2016, y que las cantidades corresponden a una reclamación realizada entonces por la concesionaria, que solicitó en el juzgado una compensación económica del 6% para cubrir los costes reales del servicio y el correspondiente beneficio industrial de la empresa por dicha prestación.
