"O que propoñemos é dar un paso adiante para protexer o edificio, investigar e divulgar a súa historia", aseguran.
La diputada del PSdeG-PSOE por Ourense en el Congreso, Marga Martín Rodríguez, registrará una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno de España a impulsar el reconocimiento de la antigua cárcel provincial de Ourense como Lugar de Memoria Democrática, dando así un nuevo paso para la protección, conservación y puesta en valor de uno de los espacios más relevantes de la memoria democrática de la ciudad. La iniciativa socialista llega después de las recientes reclamaciones formuladas por los colectivos memorialistas de la provincia y de la iniciativa presentada por el PSdeG-PSOE en el Parlamento de Galicia para reclamar a la Xunta de Galicia la protección patrimonial del inmueble y su declaración como Ben de Interés Cultural (BIC).
Para los socialistas, la antigua cárcel «no es simplemente un edificio que lleva décadas cerrado, sino un lugar que forma parte de la memoria colectiva de Ourense y en el que se concentra una parte fundamental de la historia de la represión y de la lucha por la libertad y la democracia» «Lo que proponemos es dar un paso adelante para proteger el edificio, investigar y divulgar su historia y garantizar que tenga futuro sin que para eso tengamos que borrar su pasado», señalan.
Según el PSOE, se pide un reconocimiento que permita proteger y divulgar
La PNL tomará como referencia la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que define los Lugares de Memoria Democrática como aquellos espacios en los que se produjeron hechos de especial relevancia histórica, simbólica o para la memoria colectiva vinculados, entre otros aspectos, a la represión, a la dictadura y a la lucha de la ciudadanía por sus derechos y libertades. La misma ley establece obligaciones de conservación, identificación, señalización y divulgación de estos espacios. En este sentido, los socialistas ourensanos consideran que la antigua cárcel provincial «reúne claramente los valores históricos y memoriales que deben ser reconocidos y preservados». La diputada recuerda que por la prisión de la calle del Progreso pasaron millares de personas durante la Guerra Civil y la dictadura, muchas de ellas represaliadas por sus ideas políticas y por su compromiso con la democracia. Según la documentación histórica recogida en las investigaciones sobre el sistema penitenciario franquista, más de 5.000 personas pasaron por el centro entre 1936 y 1940, llegando a superar los 600 internos en enero de 1938.
«Cada celda, cada muro y cada espacio de este edificio tiene una historia detrás. Hablamos de personas, de familias y de vidas marcadas por la represión. Reconocer la cárcel como Lugar de Memoria Democrática es también reconocer a esas víctimas y transmitir a las nuevas generaciones lo que aconteció para que nunca se vuelva a repetir», afirman.
Un proyecto de futuro para la vieja cárcel
El PSOE de Ourense considera que la protección de la memoria y la rehabilitación del edificio no son objetivos incompatibles, sino que deben formar parte de un mismo proyecto. Por ello, la iniciativa socialista apuesta por avanzar hacia una actuación integral que permita conservar los elementos de interés histórico y arquitectónico, documentar y divulgar la historia de la prisión y estudiar usos futuros compatibles con su condición de espacio de memoria. «Ourense necesita dejar atrás décadas de abandono y falta de decisiones sobre este edificio. Precisamos un proyecto serio, con visión de futuro y en el que las distintas administraciones trabajen coordinadamente. La cárcel puede y debe tener un nuevo uso, pero ese nuevo uso tiene que respetar lo que aconteció entre sus muros», defienden desde el PSOE. Señalan además, que el reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática puede contribuir precisamente a ordenar este proceso, facilitando la incorporación del inmueble al inventario estatal de Lugares de Memoria Democrática y promoviendo actuaciones de señalización, interpretación y divulgación histórica.
Coordinación entre administraciones
La iniciativa pretende también sumar esfuerzos entre el Gobierno de España, la Xunta de Galicia y el Concello de Ourense, de manera que la protección patrimonial y memorial del edificio vaya acompañada de un proyecto de rehabilitación y puesta en valor. «No se trata de que una administración le pase la responsabilidad a la otra. Se trata de que todas asuman su parte y se haga posible que la vieja cárcel deje de ser un símbolo del abandono para convertirse en un espacio de memoria, cultura y conocimiento», explican.
