Debido a la sanción de 1,2 millones de euros por los recurrentes vertidos al Barbaña.

El alcalde de San Cibrao das Viñas, el popular Pedro Fernández, anunció este jueves que la sanción de 1,2 millones de euros ratificada este miércoles por el Tribunal Supremo por vertidos contaminantes realizados al Barbaña, «arruina el presupuesto de dos años, como mínimo» del Concello que dirige. Agotado el curso judicial de la sanción, el regidor municipal admite que «no queda otra» que pagar los 1,2 millones de euros.

Fernández Moreiras desvía responsabilidades hacia la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil que «solo se preocupa de sancionar y no de buscar soluciones», dice el alcalde. Sin embargo, el fallo del Supremo establece que «fue el mismo Ayuntamiento el que solicitó y asumió la concesión para un vertido urbano con unos límites de carga contaminante; en su manos estaba vigilar dichos límites». Tampoco la carga que supondrá abonar la mencionada sanción, que el alcalde eleva a «hipoteca» para su Concello, sería proporcional a la capacidad económica que acumula San Cibrao, uno de los concellos más ricos de la provincia a tenor de los presupuestos anuales que maneja.

Los 1,2 millones de euros que supone la sanción son el 18,5% del total del presupuesto de 2023, 6,5 millones de euros. Entró en vigor el pasado 4 de enero tras ser aprobado el 30 de noviembre del pasado año, y totaliza 6.525.788 euros en gasto e ingreso. En el menos optimista de los casos, el Gobierno municipal de San Cibrao manejó 24 millones de euros en el mandato que está a punto de finalizar, lo que se antoja más que suficiente para corregir los problemas de depuración de vertidos al Barbaña, lo que no ocurrió.

Con una población cercana a los 5.600 habitantes, la salud económica de San Cibrao das Viñas es envidiable para la práctica totalidad de los concellos de esta provincia. Su Parque Empresarial, con anexos como el Tecnológico y otros polos industriales y tecnológicos anexionados a los mencionados, producirán 3 millones de euros de ingresos por impuestos directos en sus arcas. A estos hay que sumar 1,5 millones en tasas, precios públicos y otros ingresos, y otros 161.000 euros que prevé ingresar en impuestos directos. Solo en impuestos, tasas y precios públicos, el Gobierno que dirige Pedro Fernández recaudará en 2023 un total de 4,7 millones de euros. A los que hay que sumar los 1,8 millones de euros que recibirá en Transferencias Corrientes de otras administraciones. Lo que prevé gastar en bienes y servicios así como gasto corriente (nada menos que 4,2 millones de euros) y el pago de nóminas a su personal, casi 1,6 millones de euros. Partidas que están muy por encima de los 550.000 euros consignados a inversiones a lo largo de todo el año.

 

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