El Gobierno gallego continúa apoyando al sector ganadero con la convocatoria de ayudas para paliar las consecuencias de los ataques del lobo.
La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, reiteró el compromiso de la Xunta de Galicia para garantizar el equilibrio y la convivencia entre la actividad ganadera y la protección del lobo frente a la dejadez del Gobierno central, que sigue sin transferir a las comunidades autónomas los fondos para compensar y prevenir los daños que esta especie causa al sector primario. En esa línea, Marisol Díaz subrayó que aún no se produjo el traspaso de fondos correspondientes a 2024, cuyo reparto se acordó en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el pasado mes de julio y por la que a Galicia le corresponden 2,2 millones de euros para medidas de prevención y 1,8 millones de euros para daños. Además, aseguran que en 2022 el reparto fue injusto con la comunidad por no apoyar la estrategia nacional, por lo que Galicia interpuso un recurso contencioso-administrativo que aún no se resolvió. Y, a mayores, el año pasado no se llegó a hacer esta distribución de los fondos entre las comunidades por problemas internos del Ejecutivo central. Según esto, Galicia aún no ingresó los 12 millones de euros que le corresponderían del período 2022-2024, lo que supone un importante perjuicio para el sector ganadero afectado y para la propia Xunta.
Con todo, tal y como indicó la directora xeral, el Gobierno gallego continúa apoyando al sector ganadero con la convocatoria de ayudas para paliar las consecuencias de los ataques del lobo -con un presupuesto de cerca de 613.000 euros para 2024- y para implementar medidas preventivas -más de 1,9 millones de euros este año- como la compra de perros protectores, pastores eléctricos, cercas móviles, instalación de vallados fijos o la contratación de cuidadores para proteger el ganado. De hecho, la Ganadería Casabella Luaces, que visitó la directora xeral, recibió desde 2021 más de 12.300 euros en ayudas tanto para compensar daños causados por el lobo como para la adopción de medidas de prevención -pastores eléctricos, cercas móviles y vallados fijos-. A mayores, Marisol Díaz hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno central revise el nivel de protección del lobo con el fin de adaptarlo a la realidad actual en cada zona.
Galicia cuenta en la actualidad con algo más de 90 manadas de lobos que el año pasado atacaron a más de 2.800 reses, con los correspondientes costes para los ganaderos. Por eso, la Xunta considera que el estado del lobo no es desfavorable y espera que el Ejecutivo central rectifique la decisión de incluirlo en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe) atendiendo a los últimos datos disponibles para evitar que siga dificultando el equilibrio entre la especie y el sector ganadero gallego.
