A lo que el alcalde responde: es algo tan nimio que los proveedores lo harán posible de balde.

 Jorge Pumar, concelleiro del PP en el concello de Ourense, vino a asegurar que el alcalde de la ciudad «prevé gastar 3,5 millones de euros en contenedores que no son compatibles con los actuales vehículos colectores de la concesionaria de recogida de basura». Servicio que, además, se halla en precario, advierte el edil popular. No es la única alerta que dispara el concelleiro del PP en relación con el asunto.

Pumar alude también a la existencia de dos informes en el expediente de contratación del servicio, que indican la invalidez de los contenedores, por lo que el expediente «debería quedar sin efecto»; el procedimiento excluye todo el perímetro rural de la ciudad, que abarca a más de 25.000 habitantes, asegura; se van a comprar 500 contendores para residuos orgánicos a más de 2.000 euros cada uno, y no se ha realizado una campaña informativa de esta nueva fracción; la partida presupuestaria habilitada expirará con el año, así que las empresas que opten a vender los contenedores al Concello no cobrarán hasta el tercer trimestre de 2023, añade Jorge Pumar. Y el concelleiro popular concluye afirmando que «despilfarrar recursos públicos sin un proyecto de ciudad claro, es una temeridad política».

 El alcalde responde: el coste de la adaptación es tan nimio que lo asume el proveedor

El alcalde respondió al edil popular acusando al PP de «ignorancia supina». Según Pérez Jácome, adaptar los vehículos a los nuevos contenedores no costará más de 3.000 euros. Representa un 1 por 1.000 de la inversión total que se prevé llevar a cabo, y es «un argumento de una ignorancia supina», recalca Jácome. El alcalde señala que «la adaptación será prácticamente gratuita, ya que es una cantidad ridícula». Varios fabricantes ya expresaron que asumirían estos costes.

En cuanto a la campaña informativa a la ciudadanía relativa a la nueva fracción de residuos orgánicos, se realizará cuando los contenedores estén instalados. El alcalde de la ciudad calificó la alerta de «surrealista», y aseguró que el contrato se adjudicará antes del 31 de diciembre.

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