Esto supone un 2,5 % más que en el mismo periodo de 2021.
Los juzgados gallegos practicaron en el segundo trimestre de este año 458 lanzamientos, un 2,5 % más que en el mismo periodo de 2021. De ellos, 376, el 82 %, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler, los cuales aumentaron un 9,6 %. Otros 74 correspondieron a ejecuciones hipotecarias -un 16,9 % menos que en 2021- y los ocho restantes derivaron de otras causas. En Galicia, en el periodo estudiado, se practicaron, por cada 100.000 habitantes, 14 lanzamientos derivados de la LAU; y 2,8, de ejecuciones hipotecarias.
En el conjunto del Estado, los lanzamientos practicados entre abril y junio disminuyeron un 6,5 % respecto a las mismas fechas de 2021, según se desprende del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, hecho público hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la comunidad en el segundo trimestre del año disminuyó un 37,5 % con respecto al mismo periodo de 2022. Entre abril y junio se presentaron 155 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a los 248 del año anterior.
Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas
El estudio también refleja que entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año los juzgados gallegos ingresaron 31 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, frente a las 22 del segundo trimestre de 2021. Poniendo en relación el número de procedimientos ingresados con la población, en Galicia se registraron 1,2 por cada 100.000 habitantes.
Concursos y despidos
El número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2022, contabilizando los presentados en los juzgados de lo mercantil y los de personas físicas registrados en los juzgados de primera instancia, ascendió a un total de 257, lo que supuso un incremento del 53 % respecto al mismo trimestre de 2021. De ellos, 119 correspondieron a personas naturales no empresarias, presentados en los juzgados de primera instancia, mientras que los 138 restantes se interpusieron ante los juzgados de lo mercantil.
En cuanto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE’s), en la comunidad gallega se contabilizaron ocho en el segundo trimestre del año, un 65,2 % menos que en 2021. En los juzgados de lo social, según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, se interpusieron 1.312 demandas por despido, lo que supone un aumento interanual del 13,6 %, pues el año pasado se registraron 1.155.
El estudio, además, refleja un incremento de los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre del año en los juzgados de primera instancia. En Galicia se interpusieron 10.213, frente a los 10.646 del año pasado, lo que supone un descenso interanual del 4,1 %.
