“Este instrumento va a dar mayor seguridad y garantía en la ejecución de obras y en el desarrollo de servicios”, aseguró Baltar.
La Deputacion de Ourense contará con una nueva herramienta de trabajo para la prestación de más servicios públicos gracias a su incorporación al accionariado del Grupo Tragsa (Empresa de Transformación Agraria, S.A.), sociedad en la que también participan cerca de setenta administraciones públicas y que tiene entre sus objetivos la ejecución de obras, la prestación de servicios relacionados con el medio rural y la conservación de la naturaleza.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, recibió esta mañana en el Pazo Provincial a una delegación de la directiva de Tragsa, encabezada por su presidente, Jesús Casas, para concretar los detalles de un acuerdo que se oficializará el miércoles, día 15, en Madrid cuando el vicepresidente primero de la institución ourensana, Rosendo Fernández, estampe su firma en el documento de incorporación al accionariado. Manuel Baltar afirmó que “es una honra inaugurar esta nueva etapa en la Diputación, en la que pasamos a formar parte de Tragsa, mientras la sociedad se implica en Ourense con una gerencia propia”. Este es un instrumento más, dijo el presidente del gobierno provincial, “para dar mayor seguridad y garantía en la ejecución de obras y en el desarrollo de servicios, lo que sin duda irá en beneficio de los concellos y del vecindario”.
Jesús Casas, explicó que Tragsa es el único medio instrumental perteneciente al conjunto de las administraciones “por lo que nos sentimos parte de la estructura de este país y desde esa perspectiva venimos a colaborar y hacer aportaciones”, a la vez que aseguró que “vamos a estar mucho más cerca de Ourense y de su población, estando a la altura de la confianza que depositan en nosotros”.
Con 45 años de historia, Tragsa cuenta en su accionariado con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( SEPI) y la Administración General del Estado -socios mayoritarios-, además de todas las comunidades y ciudades autónomas y cerca de 70 diputaciones, consejos y cabildos insulares. Entre sus actividades figura la ejecución de obras, la prestación de servicios relacionados con desarrollo del medio rural y la conservación de la naturaleza, así como también en materia de emergencia social, catástrofes naturales o incidencias climáticas. Posee cerca de 17.000 empleados y en el 2021 obtuvo una cifra de producción de 1.118 millones de euros.
