La Confederación de Empresarios de Ourense se sumó a la Xunta de Galicia, en el frente común que demanda al Gobierno central una ley de movilidad sostenible.
La Xunta y los empresarios de Ourense hicieron pública hoy un frente común para reclamar al Gobierno una Ley de movilidad sostenible que tenga en cuenta las comunicaciones del rural y evite agrandar las desigualdades territoriales. La conselleira de Infraestructuras e Movilidade en funciones, Ethel Vázquez, junto con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, y la presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense, Marísol Nóvoa Rodríguez, presentaron hoy los alegatos realizados al anteproyecto de la citada Ley que está impulsando el Gobierno de España.
Vázquez Mourelle explicó que esta ley genera una especial inquietud en Ourense, por lo que puede suponer para esta provincia, eminentemente rural, en la que el 75% de los municipios cuentan con menos de 2.000 habitantes. Refirió que la ley no recoge la movilidad rural ni incorpora conceptos fundamentales en el desarrollo de infraestructuras de comunicación como la igualdad de oportunidades, la vertebración territorial y la cohesión social. Señaló que el texto supedita la planificación de infraestructuras de transporte estatal a la rentabilidad económica, lo que supondrá centrar las inversiones en las zonas más pobladas o en los corredores de mayor demanda, ahondando más en la brecha entre lo urbano y el rural.
Criticó que la ley abogue por suprimir los servicios de tren en el rural, pretendiendo sustituir el ferrocarril de media distancia por transporte por carretera que deben pagar las Comunidades. Así, tildó de desatino dejar al rural sin tren y trasladarle a la Xunta la responsabilidad de compensar esa carencia con el autobús, a lo que el Gobierno gallego ya dedica cada año 80 M€ para mantener más de 3.400 líneas. Además indicó que el anteproyecto impide que las comunidades puedan beneficiarse del Fondo Estatal para el sostenimiento de la movilidad, que se reserva, únicamente para las entidades locales, dejando fuera el transporte metropolitano que prestan las autonomías.
Reivindicaciones para Galicia
Dadas las circunstancias de la ley estatal, la Xunta y la Confederación Empresarial de Ourense piden que se consideren las características diferenciales de Galicia como la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, que hace precisa una mayor capilaridad de las comunicaciones y de los servicios de transporte. También se solicita la revisión de los principios para declarar Deberes de Servicio Público en los servicios, ya que la ley prima los criterios económicos frente a la rentabilidad social. Se apela también a respetar los principios de igualdad en los nombramientos y designaciones de los órganos, así como a una movilidad inclusiva para garantizar el acceso al transporte público a todos los ciudadanos. La conselleira reclamó participación y consenso a la hora de abordar un posible sistema de pago por uso en las autovías como mecanismo para financiar el mantenimiento de la red de carreteras. A este respeto, la Xunta y los empresarios coinciden en la oposición frontal a cualquier sistema de pago que se base en la distancia recorrida, ya que es lesivo para Galicia.
Por su parte, la presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense apuntó que es llamativo que la Ley no tenga en cuenta la movilidad rural.
