Exigen al Gobierno central medidas para el desalojo de viviendas en un plazo máximo de 48 horas o el refuerzo del delito de usurpación.
La ocupación ilegal de viviendas en la provincia de Ourense va en continuo aumento desde la llegada de Sánchez al Gobierno, “sin que el Ejecutivo haga absolutamente nada para poner freno al movimiento okupa y a los problemas de seguridad y deterioro social y de la convivencia en los inmuebles y barrios donde prolifera este fenómeno”. Así valoran los representantes ourensanos en el Congreso, Ana Vázquez y Celso Delgado, el incremento de la okupación en la provincia, según reflejan los datos aportados por el Gobierno en respuesta a una iniciativa de los diputados.
Estos datos indican que mientras en el año 2018 se registraron 2 okupaciones, en 2019 el número se elevó a 9 –igual que en el siguiente año- y alcanzó los 14 casos en 2021, pero solo hasta septiembre que es la última cifra facilitada por el Ejecutivo. Aún más, desde 2018 solo se resolvieron 13 procesos verbales posesorios, un procedimiento en vigor para recobrar la posesión de viviendas en los casos de ocupación ilegal. El conjunto de datos facilitados por el Gobierno “se traduce en un aumento del movimiento okupa en la provincia de Ourense del 700 %, lo que tiene su máxima importancia por el continuo incremento de estos casos, favorecido por la inacción de Sánchez”. Frente a esta pasividad, los diputados populares exigen al Gobierno la adopción de una serie de medidas tales como el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas y sin necesidad de esperar meses. También reclaman el refuerzo del delito de usurpación con penas de hasta 3 años de cárcel, incluyendo expresamente como agravante los casos de mafias que se lucran alquilando viviendas okupadas. Además, solicitan que se otorgue potestad a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas frente a la okupación y permitir que acudan a las autoridades cuando, en ausencia del propietario, los okupas realicen actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres.
El fenómeno okupa “es uno de los problemas fundamentales de la política de vivienda y bajo ningún concepto puede entenderse como una vía de acceso a esta”, destacan los diputados, “por lo que hace falta la adopción urgente de medidas”. De una manera especial para territorios como la provincia de Ourense, “donde hay un importante parque de segundas viviendas vacías durante gran parte del año, al ser sus propietarios emigrantes que solo regresan a sus casas en momentos muy concretos del año como vacaciones o fiestas”.
