Ana Morenza vaticina que es descenso sería "importantísimo"
Más de 7 millones de euros/año calcula el Gobierno municipal que dejaría de ingresar el Concello de Ourense por el impuesto de plusvalías que venía aplicando a todas las operaciones inmobiliarias, una vez que aparezca publicada la resolución del Tribunal Constitucional que anula parte de su articulado. Así lo anunció este miércoles la concelleira de Facenda, la popular Ana Morenza, que, de inmediato, ya ha pedido medidas del Gobierno central para paliar la merma económica que causará la disposición del Constitucional español.
«Esperamos que sean compensados de alguna manera por el Gobierno central ya que, de lo contrario, no llegaríamos a cubrir el gasto comprometido de este Concello», señaló Morenza. La concelleira se refirió también a que Hacienda haya anunciado que revisará el impuesto de las plusvalías del suelo urbano tras la decisión del Constitucional, en un intento de garantizar la constitucionalidad del tributo que rechaza ahora el TC y, con ello, aportando a los ayuntamientos certidumbre a los ingresos por las plusvalías. Según Morenza, «el borrador del que hablan ahora estaba redactado desde el gobierno de Mariano Rajoy, por lo que el Gobierno central lleva sin mover un papel sobre este tema desde 2018».
Así las cosas, la concelleira de Facenda incidió en que «ahora el problema es para los ayuntamientos, que se encuentran con un descenso importantísimo en sus ingresos y sin vías de poder solucionarlo si no existe esa compensación económica por parte del Gobierno central». En el caso del Concello de Ourense, al igual que en la inmensa mayoría de las ciudades de todo el Estado, el impuesto de plusvalías constituye una de las principales vías de recaudación, mayor ahora que el de vehículos de tracción mecánica que redujo ingreso a raíz de las reducciones aplicadas en Ourense. Y al igual que en el resto de los ayuntamientos del Estado español, el Concello de Ourense era una de esas tantas administraciones locales que, como tacha el Tribunal Constitucional, obligaba a pagar un supuesto incremento del valor de los terrenos independientemente de que tal hubiera o no hubiera existido.
