En España expirará la concesión de una treintena de grandes centrales y decenas de pequeños saltos durante la próxima década, asegura el Psoe.
El PSdeG-PSOE reclamará la ubicación en Ourense de una entidad pública empresarial, para gestionar las centrales hidroeléctricas de toda España a las que les caduque la concesión. En una iniciativa que se debatirá en el próximo pleno de la Diputación, los socialistas defenderán la constitución de esta empresa con sede social, fiscal y operativa en la provincia, para la gestión directa de las centrales que retornan automáticamente al patrimonio del Estado tras el fin de la concesión administrativa.
Los socialistas explicaron una medida que consideran “muy atractiva a corto y medio plazo que se ajustaría perfectamente al marco regulatorio europeo” y que permitiría “devolver a la provincia parte de los beneficios de la explotación de sus recursos naturales”.
El diputado socialista, Aurentino Alonso, criticó el vaciado agresivo de algunos de los grandes embalses de la provincia en una situación inédita, mientras el portavoz, Rafa Villarino, destacó la importancia de esta empresa pública ante el debate sobre el modelo energético pero también como medida impulsora de la economía provincial. “No estamos planteando ni la compra de bienes ni la ejecución de nuevas inversiones” matizan, pues “se trata de esperar a que caduquen las concesiones” de infraestructuras que “están suficientemente amortizadas”. De hecho, la legislación sobre el dominio público hidráulico ya recoge esta posibilidad: “al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la administración competente, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras fueran construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento”. En Ourense existen medio centenar de embalses gestionados, en su mayoría, por Iberdrola, Naturgy y Endesa, pero también por otras pequeñas sociedades.
La concesión más longeva será la de Os Peares, que acabará en el 2059, pero en la década comprendida entre 2010 y 2020 ya expiraron dos –una solicitó prórroga– y en la presente expirará una más. Será entre 2030 y 2040 (10 extinciones); entre 2040 y 2050 (16) y a partir de 2060 (17) cuando finalicen la mayor parte de estos aprovechamientos millonarios.
En el conjunto de España, durante los próximos diez años, expirará la concesión de una treintena de centrales y decenas de pequeños saltos. “Son cientos de megavatios, cerca de un millar, que recibirá el patrimonio público y que podrían ser gestionados desde Ourense a través de una empresa pública con importantes beneficios para todos”, aseveran desde el PSdeG-PSOE. “Creemos fundamental que, este recurso natural que produce un bien de primeirísima necesidad como la electricidad, pueda ser gestionado también a través de una empresa pública” que actúe “en base al interés general, contribuyendo a la reducción de los precios finales que se aplican a los clientes; a la integración de las renovables; a la estabilidad de la producción y a la garantía de suministro”, explican los socialistas.
“Esta entidad pública permitiría crear un número significativo de puestos de trabajo y la tributación aquí de su actividad y la de las auxiliares constituidas en su entorno, sería un importante apoyo económico para un territorio como Ourense, necesitado de empleo”, explican antes de recordar que “también ayudaría a luchar contra el problema demográfico y ahondaría en el compromiso asumido por el Gobierno central de descentralizar instituciones desde Madrid a otras provincias para frenar la despoblación”. “Galicia es, junto con Castilla y León, la comunidad española con mayor potencia hidráulica instalada y Ourense es una de las provincias que encabeza la generación de energía hidroeléctrica, por lo que creemos que esto tiene que revertir en nuestro territorio y en sus gentes”, concluyen.
