El organismo de cuenca estatal vulneró el procedimiento legalmente establecido

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda abrió expediente sancionador contra la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ( CHMS) por su responsabilidad en el vaciado de algunos de los embalses hidroeléctricos más importantes de esta cuenca. La Consellería de Medio Ambiente, como organismo competente en materia de protección de la riqueza piscícola en Galicia, adopta esta decisión ante la constatación de que la CHMS —máxima autoridad respeto a las actuaciones hidráulicas que se ejecutan en la cuenca del Miño-Sil— obvió su responsabilidad al no trasladar a la Consellería la petición de la autorización necesaria para proteger a la población ictícola ante un posible vaciamiento. En este sentido, se subraya que la Confederación del Miño-Sil, organismo titular de los embalses y de las concesiones hidroeléctricas en esta cuenca, no notificó formalmente en ningún momento a la Xunta, a pesar de estar legalmente obligada a hacerlo, la intención de las empresas de proceder al vaciado de algunos de los embalses que gestionan. Por lo tanto, la Confederación y las concesionarias responsables de estos embalses actuaron sin esperar por las autorizaciones preceptivas y oportunas por parte de la Consellería, que ni siquiera fue informada por la CHMS.
Resaltar que la Consellería tiene atribuidas las competencias en materia de protección de la riqueza piscícola en Galicia. Por este motivo, le corresponde al organismo competente en aprovechamientos hidráulicos en cada demarcación notificarle que se quiere efectuar un vaciamiento en una presa para que informe sobre las medidas que se deben adoptar previamente, con el fin de garantizar que su ejecución no perjudicará a las poblaciones existentes en esa masa de agua. Así lo establece el artículo 83 del reglamento de la ordenación de la pesca fluvial en Galicia, que señala como una condición esencial para poder proceder al vaciado de una masa de agua que la concesionaria “lo deberá comunicar con una antelación mínima de un mes al órgano competente” en materia de aprovechamiento hidráulico —en este caso, la CHMS— que, a su vez, “deberá notificarlo inmediatamente” al organismo responsable de la protección de la riqueza piscícola —la Consellería de Medio Ambiente—. Una vez hecha esta notificación, el órgano competente en materia de aprovechamiento hidráulico deberá esperar por el informe de la Consellería.
Así, según se recoge literalmente en el punto 2 del artículo 83, “luego de la adopción de las medidas previas” por parte del responsable de la cuenca, el departamento de Medio Ambiente “autorizará la anulación o el vaciamiento con las condiciones que garanticen la protección y conservación de la fauna acuática”. Por lo tanto, carece de sentido que ahora la CHMS pretenda hacer una interpretación interesada del reglamento, con el único fin de desviar la atención de su responsabilidad por incumplir la normativa vigente. De hecho y en contra del procedimiento legalmente establecido y conocido tanto por las concesionarias cómo por la CHMS, este verano se alteró el nivel de agua embalsada en algunos de los principales embalses hidroeléctricos del Miño-Sil sin notificar antes a la Consellería de Medio Ambiente ni, por lo tanto, esperar a que se hubiera pronunciado, motivo por el que el departamento autonómico decidió iniciar el correspondiente expediente sancionador contra el organismo de cuenca estatal. Además, recuerdan que la apertura de este expediente se produce después de las cartas remitidas el pasado 25 de agosto con relación a estos hechos por las conselleiras de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda y de Infraestructuras e Movilidade al presidente de la CHMS y a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dos misivas que, a día de hoy, siguen sin tener una respuesta oficial.
El objetivo principal de la Xunta de Galicia en estos momentos es depurar responsabilidades por el vaciado realizado sin autorización en varios embalses de esta cuenca en las últimas semanas, unos hechos, en todo caso, no imputables de ninguna forma a la acción del Gobierno gallego.

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