Con los 11 millones aportados por la Xunta se dio cobertura al 80% del sector
Casi el 80% de los establecimientos de hostelería de la provincia de Ourense, ocho de cada diez, recibieron 4.449 ayudas directas en el 1º y en el 2º plan de rescate, a los que la Xunta destinó más de11 millones de euros con el objeto de aportar liquidez a uno de los sectores más afectados por la pandemia y por las medidas sanitarias.
En toda Galicia se otorgaron más de 37.000 ayudas directas en ambos planes de rescate, los que se llegó casi a nueve de cada diez bares, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos de alimentación y bebidas radicados en la Comunidad. Todos estos apoyos supusieron hasta ahora un desembolso de 86,6 millones de euros de las arcas autonómicas. En la capital y cabeceras de comarca; la ciudad de Ourense (con 1.930 ayudas por valor 5.1 M€), O Carballiño (401 ayudas por un importe 991.225 €), Verín (285 abonadas por importe de 665.450 €), Xinzo de Limia (240 ayudas por valor de 520.825 €), Barbadás (145 ayudas por valor de 360.570 €), O Barco de Valdeorras (145 ayudas por valor de 189.900 €), Ribadavia (120 ayudas por un importe de 248.450 €), Allariz (76 ayudas por un importe de 201.445 €), o Celanova (64 ayudas por un total de 158.900 €) superaron en conjunto los 11 M de euros en ayudas.
Con los dos primeros planes de rescate la Xunta movilizó un total de 182 millones de euros con el objeto de aportar liquidez a estos negocios y contribuir a la permanencia del empleo y de la viabilidad. Más de la mitad de este dinero fue a parar al sector hostelero.
Además de esto, la Xunta diseño un 3º plan que prevé ayudas de entre 3.000 y 30.000 euros para personas trabajadoras autónomas, microempresas, pymes y empresas, establecidas en función de la bajada de facturación padecida a causa de la Covid y el número de personas empleadas al cargo. Otra de las aportaciones de Galicia al plan consistió en extender las ayudas a todas las actividades económicas, y no solo a las 95 apuntadas por el Real Decreto del Estado, siempre y cuando pudieran acreditar una caída de ingresos de un 40% o más.
