Esta decisión se toma únicamente en base a criterios económicos, asegura la diputada del PP Noelia Pérez
El Parlamento de Galicia aprobó hoy la proposición no de ley del Grupo Popular, que no contó con el voto favorable de los diputados del PSdeG, a través de la que se demanda al Gobierno de España que mantengan las salas del 091 de la Policía Nacional en las Comisarías de Ourense y Lugo, así como aumentar los medios humanos y materiales con los que cuentan estas comisarías provinciales. “Esta decisión se toma únicamente en base a criterios económicos y supone un nuevo agravio del Gobierno central a los muchos que estamos soportando los gallegos desde hace un tiempo”, señaló la diputada popular Noelia Pérez.
En su intervención, la diputada popular recordó que este cuerpo de seguridad “es un servicio público que contribuye al bienestar y a la calidad de vida de las personas, y que tiene asignadas, entre otras funciones, el cuidado del libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos, la persecución de delitos y el mantenimiento del orden público”.
“Los servicios de Policía Nacional tienen que ser prestados de manera equitativa y equilibrada en todo el territorio gallego, y deben atender, siempre que la naturaleza del servicio lo permita, a criterios de descentralización, de manera que se lleven a cabo de modo preferente por los órganos administrativos más próximos a la ciudadanía”, indicó.
Noelia Pérez añadió.
Pérez avanzó que “vamos a repetir hasta la saciedad que la estandarización y la centralización restan eficiencia y cercanía en la urgencia real y en los servicios propios de la Policía” y destacó que “la Policía Nacional es una pieza clave del Estado de Derecho, que presta un servicio público que da seguridad y contribuye al bienestar y a la calidad de vida de las personas”. “Llevamos un año conviviendo con una situación extraordinaria de pandemia mundial y nos encontramos en medio de un Año Santo, que continuará a lo largo de 2022, pero al Gobierno de España le parece el momento adecuado para desmantelar las comisarías de dos de las principales ciudades gallegas”, lamentó. Para finalizar, Noelia Pérez afirmó que el Gobierno central “antepone criterios económicos a la seguridad de vecinos, de turistas y peregrinos”, porque “no es solo el desmantelamiento de las comisarías de Lugo y Ourense, sino que a esto se suma que la unidad de policía adscrita a la Xunta de Galicia tiene una merma de 113 agentes, y está a niveles del año 2003 a pesar de tener más competencias y funciones en la actualidad”.
