Considera lo ocurrido como una "irresponsabilidad inadmisible" por parte de una administración pública.
La Xunta de Galicia acaba de iniciar un expediente sancionador contra ADIF, ente público dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por su responsabilidad en la caída de dos vagones de tren que acabaron en la margen derecha del río Sil, hechos que podrían ser constitutivos de una infracción tipificada cómo grave en la Ley de residuos estatal.
Así lo avanzó esta mañana la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, que se desplazó hasta Carballeda de Valdeorras acompañada por la titular de Infraestructuras e Movilidade, Ethel Vázquez, para comprobar personalmente el estado de la zona en la que se localizan los vagones, pertenecientes al tren descarrilado el pasado 28 de julio.
Tras explicar que en los últimos dos días agentes medioambientales e inspectores de su departamento se desplazaron hasta el lugar para levantar las correspondientes actas, Vázquez Mejuto indicó que la Jefatura Territorial de Medio Ambiente en Ourense inició hoy mismo un procedimiento administrativo sancionador contra ADIF como responsable de los hechos denunciados. Así, añadió que lo sucedido en la margen derecha del río Sil podría constituir una infracción administrativa grave tipificada en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y en la Ley 10/2008 de residuos de Galicia como “abandono, vertido o eliminación de cualquier tipo de residuos no peligrosos”.
La multa prevista para este tipo de infracciones oscila entre los 901 y los 45.000 euros aunque en este caso concreto el acuerdo de inicio del sancionador propone una multa de 35.000 euros. Sin perjuicio de esta sanción económica, la conselleira de Medio Ambiente recordó que la investigación iniciada por su departamento también derivó hoy en la adopción de una medida provisional para que ADIF proceda a la retirada de los dos vagones y a su oportuna gestión como residuos por parte de una empresa autorizada.
En la misma línea, Vázquez Mejuto insistió en que en estos momentos la prioridad es que este material se retire de la zona lo más rápido posible y se restauren los posibles daños ocasionados durante su caída por la pendiente que separa la vía férrea del río, tal y como prevé la legislación estatal y autonómica aplicable en materia de residuos. Así se lo trasladó esta semana al Gobierno del Estado, como recordó la conselleira, en sendas cartas dirigidas al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que además de reclamarles las acciones de restauración oportunas, les exigió una explicación sobre lo ocurrido, al entender que se trata de una “irresponsabilidad inadmisible” para ningún ciudadano o empresa y menos aún por parte de una administración pública.
